lunes, 11 de enero de 2010
lunes, 4 de enero de 2010
REPUDIO
La Corriente Renovadora Tito Deleroni de San Miguel expresa su más profundo repudio al robo y maltrato que recibieron la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Sara Derotier de Cobacho y su equipo de trabajo. Este hecho claramente no fue un “simple robo”, ya que la forma de actuar de los agresores y su comportamiento deja al descubierto que las intenciones fueron amedrentar a una persona que hace años viene luchando por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Siendo momentos estos en donde diferentes sectores reaccionarios de la sociedad confluyen con aquellos que desde sus espacios de poder (la televisión, los grupos concentradores de medios de comunicación y los grupos económicos) intentan imponer un Discurso Único, que busca implantar en la sociedad el miedo y el caos para volver a una Mano Dura que nuestro país ya sufrió y que hizo que una generación desapareciera, con la implementación en ese tiempo de un modelo económico de hambre, miseria y exclusión social. Repudiamos este hecho de hoy que fue del pasado, que intenta ser presente y que no dejaremos que sea del futuro.martes, 29 de diciembre de 2009
DIEZ PUNTOS DE ACUERDO POR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
2 El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
lunes, 28 de diciembre de 2009
EL DESAFÍO por Eduardo Aliverti
Al margen de lo que significa respecto de Mauricio Macri el blooper sensacional que cometió, la caída de Abel Posse ratifica, por si alguien no había tomado nota, que hay límites infranqueables en este país donde es tan habitual decir y percibir que todo vale. O si se quiere, y de mínima, que algunas disposiciones, opiniones, nombres propios, no pueden ser jugados en el escenario sociopolítico sin atravesar una fortaleza contraria con enorme capacidad de cuestionamiento y movilización. Fue esa feliz obviedad lo que tumbó al tiranosaurio, en el subrayado de que no hay lugar para funcionarios públicos capaces de reivindicar la dictadura. Y muchísimo menos si ni siquiera se cuidan de usar un lenguaje idéntico al de los genocidas. Hubo la muy demostrativa pauta de que referentes del mismo macrismo tomaron distancia de Posse, y hasta Macri tuvo que ser tibio al defenderlo. No porque piensen distinto, naturalmente, sino por carecer de espacio político para decirlo. Esa es una conquista invencible de los luchadores imprescindibles.
Desde ya, se dan circunstancias en que puede haber retrocesos de desmemoria; como lo muestra, sin ir más lejos, el propio hecho de que Macri haya sido un triunfador electoral, o los índices de apoyo que tuvieron personajes como Patti y Rico (entre muchos otros), o lo que testifica el reclamo vacío de “más seguridad” a costa de lo que fuere. Pero ese rasgo fascistoide de una parte de la sociedad no logra contrarrestar la potencia de los memoriosos activos, hasta el punto de que –con excepción de los fósiles explícitos– quienes reivindican al terrorismo de Estado deben guardar silencio público al respecto. Posse nunca aprendió esa bolilla. Como tampoco lo hizo el diario La Nación cuando publicó el artículo de aquél, que desató la andanada en su contra, a pocas horas de que asumiera. Esos raptos de soberbia reflejan una falta de inteligencia notable en los voceros y actuantes del conservadurismo, y es reveladora de que no pueden controlar sus nervios. Igual cosa les pasó a los campestres que a lo largo del año se fueron de boca en el rescate de apellidos como Martínez de Hoz, o con alguna fraseología de indisimulable tufo castrense. Sus pares debieron explicar que no quisieron decir lo que dijeron. Y si de nervios se trata, el año deja también lo inédito y creciente de la virulencia con que el Grupo Clarín, en compañía de otros grandes emporios, ataca al Gobierno. Aun cuando se considere que es en lógica respuesta a los intereses afectados, no deja de ser asombroso que se pueda ser tan banal.
Esa irritabilidad es indicativa de que hay una puja concreta de poder, entre lo que se nuclea alrededor de las grandes líneas que traza el oficialismo y todo lo que se le opone. Pero además, o antes, exhibe una sugestiva falta de confianza por parte de lo segundo: al cabo de la victoria del 28 de junio, parecían en condiciones de comerse a los chicos crudos para terminar -objetivamente, y según lo reconocen ellos mismos- sujetados a la agenda gubernamental. En este aspecto, es necesario volver a la nueva y grosera patinada de Macri. Es un elemento ostensible de los graves problemas instrumentales que enfrenta el proyecto de restauración conservadora, aun cuando los severos errores del kirchnerismo hayan mellado su popularidad. El nombramiento de Posse fue un símbolo encumbrado, nada menos pero nada más, del nivel de improvisación pasmoso que rige a la administración macrista.
Desde la decisión neonata para nombrar al frente de Cultura a un payaso del área, allá por 2007, siguieron arrebatos dignos de quien no tiene ni la menor idea de cómo se elaboran planes, acciones, consensos, propuestas. Un día se levanta y formula que debe registrarse a los “franelitas”; se levanta otro y plantea que los trabajadores deben buchonear a los compañeros municipales que tienen otro trabajo; se levanta otro y arranca un desparramo tragicómico en su pretensión de una policía metropolitana. Cuando llegan las noches, en sentido figurado o no, tiene que dedicarse a corregir lo que se le ocurrió a la mañana, a él o a alguno de sus brillantes asesores. Un colega radiofónico de derechas, indignado tras el sketch de Posse, se preguntó si acaso Macri es un político o bien cualquier otra cosa menos eso, vista su carencia absoluta de muñeca primaria para estar al frente de una gestión apenas municipal. Tiene razón. Pero resulta que es esa misma derecha patética la estimuladora de estos inventos mediáticos que, como Macri, acaban exponiendo su pericia para que se les escapen todas las tortugas a la vez. Son ellos los que denostaron a la política. Los que prometieron que arribaría una nueva forma de ejercerla. Y los que llaman a los representantes de “los sectores productivos” a poner el cuerpo. Así eufemizan la aspiración de conducir sin testaferros gubernamentales ni legislativos sus privilegios de sector. Los gauchócratas también son un ejemplo acerca del tema: consiguen representación parlamentaria, pero guay de buscarles alguna idea que no sea la constancia militante como hijos de la soja. Probablemente conscientes de las patas muy cortas que eso encarna juegan fichas estructurales a íconos como Cobos, cuyo gran mérito es haber bombardeado a la fuerza que lo puso donde está sin que (les) importe demasiado clonizar a De la Rúa. El objetivo es pudrir el rumbo o coyuntura que los altera. Y si no puede o no debe ser otro invento, a estar por las experiencias de esa índole, no está de más que se largue Duhalde. Parece inconcebible pero para 2011 falta mucho y uno nunca sabe, sobre todo porque tampoco parece que a alguna de las figuritas opositoras le dé la estatura presidencial. Y menos que menos si la economía, como todos los pronósticos lo presagian, tiene el dichoso viento de cola. En ese caso cabe la pregunta de qué es, entonces, lo que tanto los molesta o perjudica. Y la única respuesta: su carácter de insaciables.
Todo esto que parece una mala noticia tiene su anverso. Es la política, estúpido. Es la política la que, en el año que se va, volvió a presentar toda su dimensión. Es la política, lo político, lo que permitió que se sancionara una ley de medios que va a contramano de los intereses de las corporaciones del área. Es eso mismo lo que traza la raya entre los unos y los otros. Y lo que habilita que no se pueda ser neutral, ascético. No, so pena de ser un indiferente que no tendrá derecho a reclamar nada, fuere que se trate de que es el Gobierno el que conduce a un abismo o de que lo hace el rejuntado numéricamente mayoritario de la oposición.
Tal vez no sea una opción fácil para discernir, pero por lo menos pasa algo que motiva. Cuando no ocurrió, como en los ’90, ya sabemos cómo terminaron las cosas.
miércoles, 2 de diciembre de 2009
viernes, 27 de noviembre de 2009
martes, 24 de noviembre de 2009
SM NOTICIAS - BALANCE DE MANDATO
Terminada su gestión en el HCD de San Miguel, Carlos Puricelli responsabiliza a los “hombres del ejecutivo comunal” por no haber demostrado interés en lograr un consenso para la conformación de una agenda política en común en pos de los años venideros. Sobre su ausencia en el lanzamiento de la campaña ‘Joaquín 2011’ el edil dijo: “es difícil improvisar, cuando uno no tiene plasmado un acuerdo político no está presente”
Previo a la sesión donde se tratarán las ordenanzas fiscal e impositiva, el concejal de la Corriente Tito Deleroni Carlos Puricelli señaló que revisaron el proyecto y no habrá modificaciones más que sobre los mínimos en las tasas municipales.En cuanto al presupuesto 2010, el edil anuncia que sería tratado después del 10 de diciembre por los nuevos concejales.
Puricelli cierra una etapa no solo como legislador, sino también como presidente del Concejo Deliberante, la que personalmente le deja mucha experiencia, comentó.“Ingresé el 10 de diciembre de 2005, no solo como concejal sino como presidente de este honorable cuerpo” siendo la mas joven mayor autoridad de un legislativo de toda la provincia, con 27 años.“Por ahí algunos no daban mucha vida a esa posibilidad de poder gestionar, una con mi edad y otra con hombres y experiencias, en un CD muy fragmentado” nos cuenta el concejal, que logró gestionar el deliberativo por dos años hasta la transición al gobierno de Joaquín de la Torre.
El edil habló de momentos muy alegres, otros muy difíciles, repasando cuestiones personales, donde recalcó mucho compañerismo y respeto. “En San Miguel brinde todo lo posible, una concejalía de puertas abiertas, de respeto al vecino” manifestó Puricelli sobre su tarea legislativa, siempre recalcando haberse mantenido en la misma fuerza por la que ingresó en 2005, el proyecto representado por Cristina Fernández de Kirchner, por lo que no dudó expresarse orgulloso.
En un distrito fuertemente connotado con los derechos humanos, Carlos Puricelli destacó la política que mantuvo su espacio al respecto “es algo que fue un paso muy adelante en San Miguel, muy fuerte, y tiene que ser sostenido y respaldado, no solo por las fuerzas del kirchnerismo, sino por todas las fuerzas que tenemos los mismos ideales”.
Sobre su ausencia en el lanzamiento de la campaña ‘Joaquín 2011’, Puricelli justificó señalando que, al margen de haber estado en un acto político con Kirchner en José C. Paz, no se ha podido plasmar una agenda del acuerdo político existente con el gobierno municipal, “es una cosa que nunca hemos logrado con el ejecutivo y nunca creo que los hombres del ejecutivo comunal han tenido interés en lograrlo”.“Hemos hecho grandes esfuerzos de consensuar, pero nunca hemos logrado lo mismo del otro lado” explicó Puricelli
El legislador agregó: “hicimos grandes esfuerzos, acompañamos, fuera que no fui candidato en ninguna lista, creíamos que había que acompañar al los candidatos del PJ porque había compañeros muy valiosos que la integraban” en referencia a la última elección legislativa de junio.
Carlos Puricelli fue firme: “es difícil improvisar, cuando uno no tiene plasmado un acuerdo político no está presente”, a lo que estimó que el intendente tiene la agenda muy cargada para sentarse a hablar con un espacio político, no así los hombres de su entorno.
En cuanto al acuerdo de Joaquín de la Torre con Aldo Rico, Puricelli planteó la realidad del nuevo Concejo Deliberante, fragmentado en 3 fuerzas importantes, donde se deben llegar a consensos: “o el oficialismo que tiene dos años más hasta 2011 lograba una base de acuerdos con su ex aliado Franco La Porta, o con el otro pedazo de la medalla, la fuerza de Aldo Rico”.“Rico hizo un discurso electoral muy fuerte, con criticas a la gestión y dijo que iba por la Presidencia del Concejo, con el resultado de las elecciones vio que no eran 10 concejales que logró meter, con 5 concejales en total y la correlación de fuerzas era otra” consideró el legislador comunal, quien entendió positivo que la presidencia del HCD quede en manos del oficialismo, en particular de Máximo Luppino.
“La palabra y la experiencia van a ser clave para transitar dos años que se definirán en internas abiertas” estimó el concejal, quien aseguró seguirá militando activamente, “el día de mañana definiremos si volvemos a estar en un cargo o no, pero la militancia política la llevo en la sangre”.
Por último, el joven dirigente aseguró que en 2011 apuntalarán al proyecto nacional, sea con Cristina Fernández o Néstor Kirchner a la cabeza, “con las mismas fuerzas, la misma convicción y las mismas ganas, con las banderas que aprendí de lo que es la política, una herramienta de cambio” sentenció.

